Diputados: el oficialismo aprobó la ley de Discapacidad que intentó desarmar en el Presupuesto

Tras los entrecruces internos por la ley de Discapacidad, el oficialismo finalmente llevó al recinto de Diputados un texto acordado sobre el régimen de Discapacidad que, si bien termina con la emergencia, redobla la apuesta sobre la ley vigente que sancionó la oposición y es contrario a lo que había mandado la Casa Rosada meses atrás. Fue aprobado con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

El dictamen fue negociado con los bloques aliados. Puntualmente brilló el misionero Oscar Herrera Ahuad, que responde al gobernador Hugo Passalaqcua, quien se puso al hombro un texto final que acordó con las diputadas libertarias Gisele Castelnuovo, cercana a Lule Menem, y Laura Rodríguez Machado. Los cambios finales fueron anunciados por él en el recinto, antes de la votación.

La secretaria general, Karina Milei, llegó al Palacio Legislativo cerca de las 22 horas para monitorear la votación, como acostumbra hacer cuando se tratan de temas importantes. Algunos en el recinto criticaron la presencia de la funcionaria y reflotaron, en ese sentido, las denuncias que la involucran por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La versión perfeccionada del dictamen asigna el financiamiento de la ley a la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud. Allí están los programas de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, de Atención Médica a sus beneficiarios y de Prevención y Control de Discapacidades. El texto aclara que si el crédito de esos programas no alcanza, el excedente se cubrirá con una compensación presupuestaria sobre la Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, en las actividades de Salud y Seguridad Social del programa “Otras Asistencias Financieras”.

Con esta cláusula, el oficialismo destrabó el voto de los aliados, que reclamaban garantías en el Presupuesto 2027 frente al Ministerio de Economía y la secretaria Legal y Técnica, que se resistían a modificarlo. “Ahora hay que trasladar esto al Presupuesto, vamos a sacar todo de la jurisdicción 91 para no alterar el equilibrio fiscal”, aclararon los legisladores que dialogaron con El Cronista.

El artículo 7 suma dos cláusulas que exceden el ejercicio 2027. Estable que las leyes de presupuesto deberán garantizar “un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema”, y el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior. Además, la Jefatura de Gabinete deberá hacer en cada ejercicio las readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar “la continuidad inmediata de todas las prestaciones”.

La cláusula apunta al argumento con el que el Gobierno frenó la ley de emergencia vigente. Cuando el Congreso insistió con la Ley 27.793 por encima del veto de Javier Milei, el Decreto 681/2025 la promulgó pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, con base en el artículo 5 de la Ley 24.629. El tema terminó en la Justicia.

Del otro lado, el dictamen de minoría de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca que había impulsado el diputado Juan Marino buscaba directamente la prórroga la emergencia hasta fines de 2027. Finalmente, se inclinaron por apoyar el de mayoría con los nuevos cambios. La diputada Victoria Tolosa Paz fue quien encabezó esa negociación desde el peronismo.

El oficialismo no quería la emergencia porque le brindaba mayor discrecionalidad al Ejecutivo para la reasignación de las partidas y también una herramienta susceptible para la judicialización. En definitiva, las posturas terminaron siendo similares, y la oposición consideró que las modificaciones de Herrera Ahuad resultaron en una ley superadora y aportaron sus votos. Los únicos que no lo hicieron fueron los del Frente de Izquierda, que se abstuvieron, y los cordobeses de Martín Llaryora, que votaron en contra.

La sesión especial arrancó al mediodía y podría extenderse hasta la madrugada del jueves, con otros temas en carpeta. El oficialismo ya consiguió aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La desconfianza y la negociación

La garantía presupuestaria llegó después de semanas de tensión con los socios del oficialismo. En la previa, los diputados del MID alertaron sobre una posible “traición” y exigieron que las partidas figuren en el Presupuesto. “Si nos quieren tomar por tontos a los que firmamos el dictamen de mayoría cuando sus diputados nos aseguraron que lo iban a cambiar, hoy no se sorprendan si lo votamos en contra”, advirtió el diputado Eduardo Falcone.

El origen del conflicto es el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo envió el 15 de septiembre. Ese capítulo eliminaba la actualización automática del nomenclador de prestaciones y endurecía el acceso a las pensiones, en sentido contrario al texto que el bloque libertario negociaba en comisión con los aliados. Incluso la senadora Patricia Bullrich, miembro de la Mesa Política, salió públicamente a reprochar esa avanzada.

El oficialismo se comprometió a retirarlo, pero en el Palacio de Hacienda se mostraron reacios a mover una coma del proyecto y sumar gasto. “No crean lo que dicen los medios”, les dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a los diputados en la comisión días atrás, tras negar un ajuste en Discapacidad. La frase despertó sospechas sobre la solidez de las negociaciones.

El jefe de bloque del peronismo, Germán Martínez, expuso en su discurso de serie que las organizaciones de discapacidad desconfiaban del traspaso en el Presupuesto: “para que se queden tranquilos”, pidió que el oficialismo haga esa aclaración. “Nosotros somos los que definimos lo que va a pasar con el Presupuesto. Se trabaja en conjunto. No esperemos que nadie nos lo indique“, le respondió Machado, la diputada bullrichista y artífice de la negociación.

Más temprano antes de la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguró ante la prensa acreditada que Milei no vetará la ley, a diferencia de lo que hizo el año pasado con la ley de emergencia. Desde Argentina Federal, el bloque que reúne a los oficialismos de Misiones y Salta, confirmaron que hablaron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y que este les aseguró que Nación cumplirá con el pago a los prestadores.

Ambos avanzaron sobre esta nueva estrategia, pese a la reticencia de las posturas del área de Salud y Legal y Técnica, de influencia directa del asesor Santiago Caputo. La versión original, que iba en sentido contrario a lo que terminó negociándose, fue enterrada por el área política de Karina Milei para evitar otra escalada. Desde un despacho oficialista incluso remarcaron que el proyecto original de Casa Rosada tenía mayor costo fiscal que el que acordaron con los aliados, algo que no se agitó para evitar agitar más la interna por Discapacidad.

Qué establece el texto final

El dictamen ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, que la ley de emergencia incorporó y que fija la actualización automática y mensual de los aranceles de las prestaciones según el IPC. Era uno de los puntos que el Capítulo VI del Presupuesto eliminaba. En la versión final, el texto también ratifica la Ley 26.816 de empleo protegido para personas con discapacidad.