“No es lo mismo vender una propiedad con un certificado de tenencia que vender una propiedad con un título”

En declaraciones a Radio Victoria, Eduardo Asueta, de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos, detalló el alcance de las medidas implementadas en la provincia para ordenar el patrimonio estatal e impulsar la regularización dominial urbana.

Respecto a la recuperación y control de los inmuebles públicos, el funcionario fundamentó la decisión política de poner en valor los activos provinciales: “No puede ser que esté al abandono y sujeto a la ocupación de cualquier avivado, sino que esto tiene que estar regularizado”. En ese marco, precisó que Entre Ríos cuenta con unas 200.000 hectáreas de tierras fiscales —cuya gran mayoría se ubica en el departamento Victoria— y que ya se han regularizado alrededor de 140.000 hectáreas. Asimismo, remarcó que las tierras de islas constituyen bienes de dominio público, por lo que resultan imprescriptibles y están fuera del comercio, obligando a los ocupantes a ajustarse a la normativa ambiental del Delta y al pago del canon correspondiente.

“Lo que son islas son bienes de dominio público y como tal son imprescriptibles y están fuera del comercio. No podemos ni vender ni nadie puede usucapir esos inmuebles.”

Por otra parte, Asueta anunció la realización de una jornada de trabajo con intendentes y equipos técnicos de los municipios y comunas de Victoria, Diamante y Gualeguay para presentar el plan de regularización dominial de la propiedad urbana. La iniciativa contempla la reglamentación de la Ley Pierri —normativa de 1994 que llevaba 32 años sin operativizarse en la provincia—, orientada a resolver la situación del 10% de las familias entrerrianas que carecen de escrituras en asentamientos como barrios del Renab, ferroviarios o del IAPV.

“Entre el papel y la propiedad hay una distancia enorme. No es lo mismo vender una propiedad con un certificado de tenencia o con un boleto simple de compraventa que vender una propiedad con un título de propiedad.”

El funcionario resaltó que este trámite administrativo simplificado evitará recurrir a litigios judiciales costosos, permitiendo obtener el título de propiedad en un plazo aproximado de entre dos y tres meses cuando se cuenta con una carpeta ordenada y a costos minúsculos. En este esquema, los municipios y comunas cumplirán un rol clave como órganos gestores locales y ventanillas de atención para la realización de censos y mensuras.

Escuchá la charla con Roberto Caminos